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mayo 2019

El Derecho al olvido cumple años.

150 150 Ricardo Gómez

El 13 de mayo de hace cinco años, el Tribunal de Justicia de la UE reconoció en una Sentencia histórica que los ciudadanos tienen derecho a ser olvidados en la red.

Desde entonces, Google ha recibido en España, durante los últimos cinco años, casi 80.000 solicitudes de personas que han pedido que elimine direcciones (URL) que consideran «inadecuadas, irrelevantes o excesivas», y ejercer así su derecho al olvido y a borrar su huella digital. En Europa los datos ascienden a más de 800.000 solicitudes. Según los informes de transparencia que Google publica, el buscador ha suprimido en España el 37,9% de las direcciones.

Los solicitantes deben demostrar su identidad y aportar los enlaces que quieren que sean retirados, aunque es la compañía la encargada de valorar y decidir si estas direcciones son de interés general y si realmente deben estar en sus archivos. Si el buscador no accede a la solicitud, se puede acudir a las autoridades competentes para conseguir que se eliminen esos enlaces.

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Monopolios sin ánimo de lucro

150 150 Borja Mollá

Este título que encierra en si mismo una paradoja nos sirve para encuadrar un fenómeno extraño pero muy consolidado en nuestro sistema jurídico como es la forma jurídica de las entidades de gestión colectiva (y muy concretamente de la SGAE, que como sabemos por otros post no es un monopolio de iure pero si de facto).

Calles o discográficas…en el fondo da lo mismo

En primer lugar hay que dejar sentado que no hay una única forma jurídica para estructurar la gestión colectiva, ya que atendiendo al panorama general de las principales entidades de gestión colectiva su forma varía según la tradición jurídica del país donde radiquen.

Así, algunas son sociedades mercantiles de responsabilidad limitada (p.ej. PRS en el Reino Unido y SABAM en Bélgica), o sociedades civiles (p.ej. SACEM en Francia, cuyo modelo económico es asimilable al de una cooperativa), otras se constituyen bajo la forma jurídica de una asociación sin ánimo de lucro (por ejemplo, SGAE en España, BUMA en Países Bajos) o una fundación (p.ej. STEMRA en la Países Bajos) o incluso a través de formularios legales ad hoc creados explícitamente en virtud de la legislación nacional (p.ej. SIAE en Italia, que desde el año 2008 está calificada como ente público económico de base asociativa ).

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