Monopolios sin ánimo de lucro

150 150 Borja Mollá

Este título que encierra en si mismo una paradoja nos sirve para encuadrar un fenómeno extraño pero muy consolidado en nuestro sistema jurídico como es la forma jurídica de las entidades de gestión colectiva (y muy concretamente de la SGAE, que como sabemos por otros post no es un monopolio de iure pero si de facto).

Calles o discográficas…en el fondo da lo mismo

En primer lugar hay que dejar sentado que no hay una única forma jurídica para estructurar la gestión colectiva, ya que atendiendo al panorama general de las principales entidades de gestión colectiva su forma varía según la tradición jurídica del país donde radiquen.

Así, algunas son sociedades mercantiles de responsabilidad limitada (p.ej. PRS en el Reino Unido y SABAM en Bélgica), o sociedades civiles (p.ej. SACEM en Francia, cuyo modelo económico es asimilable al de una cooperativa), otras se constituyen bajo la forma jurídica de una asociación sin ánimo de lucro (por ejemplo, SGAE en España, BUMA en Países Bajos) o una fundación (p.ej. STEMRA en la Países Bajos) o incluso a través de formularios legales ad hoc creados explícitamente en virtud de la legislación nacional (p.ej. SIAE en Italia, que desde el año 2008 está calificada como ente público económico de base asociativa ).

¿No tienen ánimo de lucro?

En España, las entidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual tienen la forma jurídica de asociaciones sin ánimo de lucro se rigen por sus estatutos, por la Ley Orgánica 1/2002 de derecho de Asociación y por el Real Decreto Legislativo 1/1996 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sobre este punto uno de los aspectos más conflictivos ha sido la exigencia de que toda entidad de gestión colectiva tenga que carecer de ánimo de lucro, cuestión que siempre ha sido criticada por organismos como la CNMC, que en su Estudio sobre gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual de publicado en 2009 ya deja claramente sentado que no aprecia razones que justifiquen que una entidad de gestión tenga que ser, de modo obligatorio, una entidad sin ánimo de lucro, argumento que ilustra con varios ejemplos:

“Si bien es cierto que en otras legislaciones nacionales de propiedad intelectual se impone también esta obligación, existen entidades de gestión extranjeras que tienen finalidad lucrativa, como por ejemplo SESAC, una entidad estadounidense de derechos de autor que lleva casi 80 años operando. Asimismo, existen otros sectores de actividad distintos a la propiedad intelectual en los que la consecución de ciertos objetivos de interés general resulta importante, pero en los cuales no se obliga a los operadores a constituirse como entidades sin ánimo de lucro. Por lo demás, no existe un concepto legal de ánimo de lucro, y es más que cuestionable que se pueda identificar ausencia de ánimo lucrativo con imposibilidad de repartir beneficios en concepto de dividendos entre los socios o accionistas”.

¿Que se oye por Europa?

Parece ser que la Directiva 2014/26/UE rompe una lanza a favor de esta corriente en la medida en que, cuando define que se considera entidad de gestión colectiva en su artículo 3.a) establece la característica de carecer de ánimo de lucro de manera alternativa  a que ésta sea propietaria o esté sometida al control de sus miembros.

“Entidad de gestión colectiva: toda organización autorizada, por ley o mediante cesión, licencia o cualquier otro acuerdo contractual para gestionar los derechos de autor o los derechos afines a los derechos de autor en nombre de varios titulares de derechos, en beneficio colectivo de esos titulares de derechos, como único o principal objeto, y que cumple al menos uno de los siguientes criterios: i) ser propiedad o estar sometida al control de sus miembros, o ii) carecer de ánimo de lucro;”

En propiedad intelectual el Parlamento Europeo manda

No obstante, esta alternatividad no se ha trasladado al ordenamiento jurídico español ya que en la reforma operada por el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril se sigue manteniendo la dicción de que las entidades de gestión colectiva no podrán tener ánimo de lucro “a fin de garantizar la protección de la propiedad intelectual”.

Al margen de disquisiciones sobre su forma jurídica o la motivación de sus fines está claro que la posición que ostenta la SGAE es bastante privilegiada, ya que existen fuertes barreras de entrada legales (imposición de una forma jurídica determinada y exigencia de autorización administrativa previa) que coadyuvan a esta situación de monopolio en la gestión colectiva de los derechos de autor musicales

Elemento diferencial vasco

Sin embargo, hace unos pocos años el Gobierno Vasco en virtud de la Resolución de 20 de octubre de 2014, del Director de Patrimonio Cultural, autorizó a la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual Euskal Kulturgileen Kidegoa (EKKI) para actuar, de manera exclusiva o mayoritariamente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como entidad de gestión colectiva.

Conforme al artículo 5-a) de sus Estatutos, tiene como uno de sus fines la Gestión de los derechos de explotación u otros de carácter patrimonial por cuenta e interés de los autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual, derechos que particularmente puedan ser recaudados, conforme a la legalidad vigente y que se encuentre atribuida a las propias Entidades de Gestión tanto su recaudación como reparto de ello.

Rompiendo la baraja

Según se desprende de su mandato, EKKI surge, con la intención de posibilitar que el autor pueda elegir qué tipo de contrato suscribe, flexibilizando la gestión para que sea éste quien toma todas las decisiones sobre su obra

“El mandato de EKKI es gestionar los derechos de propiedad intelectual de sus socios, creadores o titulares de derechos y velar por que el uso de las obras se realice tal y como éstos desean y, en su caso, realizar la cobranza de la tarifa correspondiente. En esto no difiere de las agencia de propiedad intelectual existentes. De todas formas, EKKI aspira a ser la referencia de la cultura vasca en el mundo ante todas las personas que deseen adquirir derechos para su explotación o consumo, y tratará de servir únicamente los intereses de los creadores vascos

Aspectos competenciales aparte (existen al menos dos sentencias del Tribunal Constitucional, la 196/1997 y 31/2010 en la que claramente se dispone que el Estado es el titular de la función legislativa en esta materia y es a éste a quien corresponde decidir si tales autorizaciones y revocaciones pueden ejercerlas las Comunidades Autónomas o debe retenerlas el propio Estado para asegurar el cumplimiento sin fraccionamiento de la propia legislación) está claro que ya debemos ubicar a una entidad de gestión colectiva más en el panorama musical.

 

Borja Mollá

Graduado en Derecho por la Universidad de Deusto, Especialidad Jurídico - Económica (2013), Máster de Acceso a la Abogacía en la Escuela de Práctica Jurídica “Pedro Ibarreche” y Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia (2016). Dentro de sus especialidades se encuentran el Derecho Civil, Mercantil y Fiscal.

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