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Actualmente, las diversas leyes, establecen como una obligación para las Comunidades de Propietarios, la ejecución de obras o dotación de servicios comunes para la supresión de barreras, y garantizar los derechos de accesibilidad universal, pero ¿Hasta qué punto existe esa obligación?

Si profundizamos un poco en el contenido de dichas leyes, ese carácter obligatorio no resulta tan perfecto ni automático como cabría presumir, y se va diluyendo en función de diversos factores, esencialmente, el económico. Por eso nos preguntamos, ¿Hasta qué punto existe esa obligación universal? Y consecuentemente, ¿Quién debe costear las obras?

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