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Ricardo Gómez
Ricardo Gómez
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La intensa actividad judicial ocasionada por lo establecido en las distintas cláusulas de los préstamos bancarios, ha devenido en la promulgación de una nueva Ley para las hipotecas que debería potenciar la seguridad jurídica y proteger los derechos de los consumidores.
El pasado 16 de marzo se publicó en el BOE la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que traspone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2014/17/UE, sobre contratos de crédito celebrados con consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Su entrada en vigor, tendrá ocasión tres meses después a su publicación.
Esta Ley pretende superar ciertas incongruencias legales y prácticas de mercado que han generado una elevada litigiosidad en épocas recientes, con ocasión de la crisis, y han afectado negativamente a la reputación de las entidades de crédito, como por ejemplo ha sido el caso de las cláusulas suelo.