La publicidad desde siempre, ya sea para bien o para mal, ha formado parte de nuestra vida cotidiana. Pero lo cierto, es que en la sociedad de hoy en día pocas personas son las que tienen verdadera conciencia del daño que a menudo causa la publicidad en los consumidores.
Es por esto por lo que tenemos la Ley General de Publicidad y la Ley de Competencia desleal. Ambas leyes tienen como objetivo dotar a los consumidores de cierta protección ante posibles situaciones provocadas por el uso por parte de los empresarios vendedores de publicidad engañosa.
Esta no es la primera vez que tratamos este asunto en nuestro Blog, así que si quieres leer más sobre este tema te recomiendo leer el siguiente artículo: (Entrar en artículo).
Desgraciadamente, no es poco habitual hoy en día, tener conocidos o incluso amigos que laboralmente se encuentran en situación de absoluta precariedad.
Muchos son los trabajadores que a pesar de trabajar y dar lo mejor de si mismos todos los días en sus respectivos puestos de trabajo, sufren retrasos y en ocasiones impagos salariales por parte del empresario, que lejos de justificar las razones de dichos retrasos e impagos, permanece impertérrito a pesar de incumplir gravemente con sus obligaciones.
En nuestro país, no han sido pocos los afectados por la problemática de las acciones del Banco Popular. Personas que tras invertir grandes cantidades de dinero en la compra de acciones, han sufrido una gran perdida patrimonial que no ha sido resarcida por el Banco.
Ante esta grave situación, múltiples de los afectados, han tomado la decisión de acudir a la vía judicial, con el fin de que se condene a la entidad bancaria a resarcir los perjuicios patrimoniales causados.
En estas últimas semanas, y dados los últimos acontecimientos acaecidos entorno a la figura de la eutanasia, nuestra sociedad se encuentra sumida en un encarnizado debate sobre la procedencia o no de su despenalización.
Por todos ha sido conocido el reciente suceso acontecido en nuestro país en el que un hombre ha sido detenido e imputado por cooperación al suicidio por ayudar a morir a su pareja, que padecía una grave enfermedad terminal. leer más
Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, se han podido observar en España, una serie de novedades y modificaciones legales en esta materia.
Sorprendentemente, dicha norma, no contempla una limitación a los precios del alquiler, cuestión que indudablemente incide en que cada vez de manera más frecuente se produzcan impagos de renta por parte de los inquilinos de las viviendas. leer más