Ante la concepción general de que la Justicia es lenta, desgranamos los últimos datos estadísticos sobre la velocidad a la que marcha nuestra Justicia.
La rapidez con la que actúa la Justicia, siempre ha estado en tela de juicio.
Este fin de semana comienzan las principales carreras del motor, y qué mejor momento para preguntarnos a qué velocidad marcha nuestra Justicia ante los últimos datos estadísticos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la concepción general de los ciudadanos de que la Justicia es lenta.
De esta telemetría de datos entre Comunidades Autónomas, ha resultado que los asuntos de la jurisdicción civil estuvieron en los juzgados de primera instancia una media de 7,6 meses, siendo los mercantiles los que más tardaron, una media de 39,3 meses.
Por su parte, los juzgados de lo penal tardan en pronunciarse una media de 10,6 meses.
Evidentemente, hay diferencias entre cada Comunidad Autónoma, y la rapidez con la que los tribunales resuelven sus casos se encuentra directamente influida por el volumen de trabajo que soportan.
Los tiempos parecen razonables, aunque siempre toparemos con el Juzgado de turno ante el que sólo quedará esperar sentados.
Por otra parte, si atendemos a los datos que vienen de Europa, esto es, el Cuadro de indicadores de la Justicia en la UE, elaborado por la Comisión Europea, la Justicia española se encuentra entre las más rápidas del continente.
Según estos datos, un proceso judicial puede dilatarse más de 250 días en España (en concordancia con los datos del CGPJ que ya hemos dicho), pero en Malta o Italia hay que esperar casi dos años para obtener una resolución.
Aunque los marcadores de la UE también nos dicen que los acreedores que reclaman una deuda a una compañía por vía judicial pueden tardar hasta un año y medio en cobrar. Entendemos que una cosa es obtener una Sentencia, y otra cosa es que después entren en juego otros factores como posibles recursos, solvencias, etc.
Aún así, esta cifra está muy por debajo de la media europea, donde hay países en los que los acreedores pueden tardar hasta cuatro años en recuperar su dinero, como es el caso de Eslovaquia. En Italia, Francia o Portugal son casi dos años.
La carrera al final, no resulta tan larga como puede parecer, y puede tener recompensa.
Juicios rápidos.
Evidentemente, los datos son causa directa de la actuación de los distintos operarios jurídicos: jueces, abogados, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios…
Los abogados somos los ingenieros a los que nos gusta recurrir todo lo que sea recurrible. Y aunque dilate el procedimiento, es prácticamente una obligación.
Por su parte el legislador, construye el chasis en el que nos vamos a mover, y así viene estableciendo distintos mecanismos de procedimiento en cada jurisdicción, para acortar los plazos.
De este modo, tenemos procedimientos abreviados, juicios verbales, juicios monitorios, juicios rápidos, etc… a los cuales se circunscriben los asuntos que podríamos definir como “menos importantes”, entendiéndose que en dichos procesos, entre comillas “más rápidos”, van a quedar garantizados y tutelados los derechos de los interesados.
También promulga leyes y reformas, algunas de las cuales no se hallan exentas de polémica, como por ejemplo lo fueron la Ley de Medidas de Agilización Procesal o la Ley de Tasas, por cuanto se pudo considerar que recortaban los derechos de los ciudadanos al limitar el acceso a los recursos.
En definitiva, en todo procedimiento ágil debe haber fiabilidad: garantía de los derechos.
Una Justicia lenta no es Justicia, pero una Justicia sin garantías tampoco es Justicia.
La tecnología, pendiente de evolución.
En todas las carreras el aporte tecnológico cada día es mayor y más decisivo.
Para subir una velocidad, además de las oportunas reformas estructurales y legales, hoy en día la tecnología tiene que jugar un papel principal.
Todavía falta mucho por hacer para que los sistemas informáticos funcionen con plena eficiencia.
Actualmente, tal y como está implantada la tecnología, a veces más que un avance su engorroso uso puede suponer un auténtico lastre.
No destaca, por ejemplo, en la comunicación entre juzgados, habiendo distintos sistemas por Comunidades.
Presentar reclamaciones o iniciar procesos por vía electrónica, en algunos casos, resulta una autentica quimera. El papel sigue abundando y predominando, además de resultar actualmente de un uso mucho más sencillo.
Desde luego, la inversión y avances en este aspecto podrá agilizar mucho las cosas.
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