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Patxo Orbegozo

¿Hasta dónde puede llegar el control de una empresa?

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Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Social, anula la obligación de los repartidores de Telepizza de tener que estar geolocalizados durante el desempeño de su actividad por medio de una app que debían instalarse en su teléfono móvil personal.

¿Y el derecho a la intimidad donde queda?

La Sentencia de nuestro Alto Tribunal entiende que el proyecto empresarial impugnado vulnera el derecho a la privacidad de los afectados por el conflicto al no superar el juicio de proporcionalidad, ya que podía acudirse a medidas de menor injerencia en los derechos fundamentales de los trabajadores que, además, no implicarían intromisión en datos de carácter personal.

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Las consecuencias del despido tras la crisis del Covid-19

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Con el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, se vuelven a prorrogar los Ertes hasta el 31 de Mayo de 2021, y con ello también la cláusula de salvaguarda de empleo.

¿Despido nulo o improcedente?

Como bien sabemos, con el primer RD en esta materia, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en la disposición adicional sexta, establecía la cláusula de salvaguarda del empleo, donde se recogía que las empresas acogidas al Erte debían de adquirir el compromiso de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

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Juntas de vecinos durante el Estado de Alarma

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El pasado 25 de Octubre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 926/2020, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Sin tener certezas de cuando se levantará este nuevo estado de alarma, en esta “nueva normalidad” en la que nos encontramos se antoja ciertamente difícil pensar en poder realizar cuestiones propias del que era nuestro día a día.

Nuevo Estado de Alarma

 

En este post nos centraremos en la realidad que están viviendo las comunidades de propietarios, donde surgen infinidad de problemas con respecto a cómo actuar ante esta situación que vivimos y ante las prohibiciones que se establecen en cada Comunidad Autónoma, por ejemplo la imposibilidad de reunirse más de seis personas.

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Nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo aclarando el concepto de la cláusula “rebus sic stantibus”.

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En una reciente sentencia dictada con fecha de 6 de marzo de 2020, nuestro Tribunal Supremo, sin ser consciente de la importancia que adquiriría dicha figura jurídica tras la crisis generada por la pandemia del Covid-19, emitió un fallo que servirá de aclaración en cuanto a la praxis de juzgados a la hora de dirimir controversias contractuales.

Nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo

La situación actual de incertidumbre en la que estamos inmersos, añadida a la crisis económica que nos va a tocar afrontar, hace que se planteen infinidad de consultas tanto de pequeños empresarios como de autónomos sobre las posibles consecuencias de no poder cumplir con sus compromisos contractuales como consecuencia de la situación de gravedad que estamos viviendo. Está operatividad de estas circunstancias se plasma como una causa de fuerza mayor, pero, sobre todo, con las características de imprevisible e inesperada que vienen a modificar las circunstancias iniciales del contrato y que atempera y modula esos incumplimientos por razón de las circunstancias sobrevenidas.

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El Teletrabajo ha llegado para quedarse

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La crisis del coronavirus que hemos vivido, y que todavía nos sigue acechando, ha provocado que se multiplique el trabajo a distancia tanto en las administraciones públicas como en las empresas mientras se disparan las dudas sobre su regulación y su eficiencia en la economía.

Anteproyecto de ley del trabajo a distancia.

 

Antes de toda esta crisis los Sindicatos y Agentes Sociales ya venían solicitando regular el teletrabajo. Pero ha tenido que ser la pandemia del Covid-19 la que haya obligado a tener que acelerar la regulación del teletrabajo, ya que según lo vivido parece que se va a consolidar como una nueva forma de organizar el trabajo, pues se ha puesto en evidencia que España va por detrás de otros países de su entorno en esta materia.

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Condenan a la Administración por no proporcionar seguridad a los sanitarios y vulnerar sus derechos durante la crisis del coronavirus.

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El Juzgado de lo Social número 1 de Teruel falla en su Sentencia nº 60/2020 de fecha de 3 de junio de 2020 declarando que la Diputación General de Aragón, el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales han vulnerado los derechos de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, poniendo en riesgo grave su vida, integridad física y salud, y lesionando su derecho a la integridad física y a la protección de la salud, e igualmente se les condena al restablecimiento de los derechos vulnerados, y a proporcionar al personal sanitario el material necesario.

Llevo con este EPI tres semanas…

 

El fallo del Juzgado de lo Social de Teruel a favor del Sindicato de médicos da ánimos a las numerosas organizaciones que han planteado querellas a las distintas Administraciones en este mismo sentido, por no facilitar material de protección a los trabajadores sanitarios durante la crisis del coronavirus.

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¿Qué son las «tarjetas revolving»? y ¿qué es lo que se puede reclamar de ellas?

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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo considera que los contratos de las tarjetas revolving que apliquen tipos de interés superiores al precio normal del dinero y manifiestamente desproporcionados son usurarios y deben ser anulados.

¿Endeudado de por vida por una tarjeta revolving?

Miles de consumidores se ven abocados a situaciones en que quedan atrapados en deudas con intereses que son usura: préstamos rápidos, microcréditos o las famosas tarjetas revolving, protagonistas de la sentencia del TS antes referida, son productos que imponen de forma abusiva tipos de interés usuararios.

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Exprópiese

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¿Pueden los gobiernos expropiar patentes en casos de utilidad pública? ¿Si se patenta un tratamiento o vacuna contra en COVID-19 existen mecanismos legales para garantizar su acceso a toda la población?

La comunidad científica mundial está volcada sobre un objetivo claro: encontrar un tratamiento para el COVID-19. Pero no hay solo intereses científicos. Asegurar los derechos de patente sobre ese tratamiento es una cuestión clave que puede reportar a su titular ingresos sin precedentes en la industria farmacéutica

Pero no olvidemos que son los Estados los que conceden esos derechos de exclusividad (reducto del poder que antes ostentaban los reyes para conceder ese tipo de prerrogativas, que no dejaban de ser concesiones que siempre recordaban a su beneficiario quien era el que tenía el poder), con lo que resulta harto complicado pensar que estando declarada una situación de pandemia, vayan a conceder derechos de exclusiva a aquellos que intenten patentar una posible solución al grave problema en que ha sumido a los gobiernos de prácticamente todo el orbe.

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¿Y ahora qué hago con mi negocio 15 días cerrado?

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Este domingo, entró en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Pedro Sánchez declaraba el Estado de Alarma en España.

 

Como bien es sabido, este Real Decreto limita los movimientos a todos los ciudadanos que estén dentro de territorio nacional, pudiendo únicamente circular por las vías de uso público de forma individual para la realización de las siguientes actividades: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros sanitarios o entidades financieras; ir a trabajar; volver a la residencia habitual; cuidar de personas mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Igualmente este Real Decreto también ha delimitado los negocios que sí podrán continuar operando en nuestro país dentro del estado de alarma que ya ha entrado en vigor. Así, queda prohibida en España toda actividad de comercio minorista excepto las siguientes categorías: Alimentación y bebidas; Farmacia; Estanco; Ópticas; Ortopedias; Tintorerías; Peluquerías; Combustibles; Bancos y seguros; Tiendas de tecnología y telecomunicaciones; Tiendas de animales y Comercio por internet.

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El absentismo laboral deja de ser una causa de despido objetivo

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Esta misma semana el Consejo de Ministros ha aprobado derogar el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, que hasta ahora permitía poder despedir a un empleado por la acumulación de varias bajas médicas, aunque estuvieran justificadas.

¿Tanto impacto tiene el absentismo laboral en nuestro día a día?

Esta primera medida que ha adoptado el Gobierno, no es sino un avance de las varias medidas que quieren adoptar para “tumbar” la Reforma Laboral del año 2012 aprobada por el Partido Popular.

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