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Borja Mollá
8 junio, 2020
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Estado de alarma o alarma en el Estado

https://jurisprudentes.es/wp-content/themes/jurisprudentes/images/empty/thumbnail.jpg 150 150 Borja Mollá Borja Mollá https://jurisprudentes.es/wp-content/uploads/2021/06/borja-avatar-96x96.png 8 junio, 2020 8 junio, 2020

El Decreto del estado de alarma y la consiguiente instauración del famoso “mando único” ha afectado al ejercicio de derechos como el de libre circulación y el de reunión. Pero ¿vulnera la Constitución Española? ¿el ejecutivo se ha saltado el ordenamiento jurídico?

Otra prorroga galáctica más…

Usurpación, autoritarismo, autogolpe…son algunos de las palabras que constan en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados y que se hacen más numerosas a medida que se suceden las prórrogas de un estado de alarma del que se ha dicho prácticamente de todo.

En el presente post analizamos desde un punto de vista sosegado y jurídico si el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 es o no contrario a la Constitución Española.

Borja Mollá
21 enero, 2020
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Faltas de asistencia y despido objetivo

¿Si falto al trabajo, aún con un parte de baja, me pueden despedir? En el presente post analizamos las verdades y los mitos que esconde esta pregunta de rabiosa actualidad en la palestra política.

Ahora va poder ausentarse todo lo que quiera, Jímenez.

Han pasado más de 7 años desde la reforma laboral que aprobaría el Partido Popular en el año 2012. Y a pesar de que desde entonces su derogación ha sido el principal ariete de combate de partidos como PSOE y Unidas Podemos, hay un artículo que ha saltado a primera linea de combate en los últimos meses al calor de la formación del nuevo gobierno de coalición formado por dichas agrupaciones políticas: el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores.

¿El motivo?

Borja Mollá
6 febrero, 2019
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Hecha la ley…

La crisis constitucional de Venezuela en 10 puntos. En el presente post analizamos la Constitución venezolana para abordar la situación política desde una óptica jurídica.

El sagrado y adorado librito azul

Desde el artículo 155 de nuestra Constitución no había habido un número tan popular en boca de todos los medios de comunicación como es el número 233 de la Constitución de Venezuela en el que se ampara el Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó para tomar posesión del cargo de Presidente de la República con la tarea de convocar elecciones en el plazo de 30 días.

Borja Mollá
31 agosto, 2018
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Discutiendo íntimamente

Una vez más nos ponemos manos a la obra para proporcionaros algunas claves jurídicas que podáis utilizar en vuestras conversaciones sobre temas de actualidad. En este post descubrirás si grabar a un famoso por la calle está o no permitido o si comprarte un smartphone te proporciona una patente de corso para convertirte en un papparazzi.

Fotograma de la discusión. Fuente: El Mundo

La Aste Nagusia bilbaina siempre nos da algún que otro tema jurídico para tratar en nuestro blog. Si el año pasado nos tocó hablar del conflicto entre la libertad de expresión y el sentimiento religioso, a colación de la decoración de una de las txosnas (podéis ver el artículo aquí), este año parece que la libertad de expresión vuelve a estar en cuestión (en su vertiente de derecho a la información) con ocasión de la captación y posterior difusión de un vídeo del futbolista Iñaki Williams discutiendo airadamente con su novia. ¿Y quien es el contrincante de este esencial derecho constitucional en una sociedad democrática? Pues no es otro que el igualmente complejo derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Pasemos a conocerlo un poco mejor.

Ricardo Gómez
12 febrero, 2018
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Una persona, un voto.

https://jurisprudentes.es/wp-content/uploads/2018/02/dhont.png 500 238 Ricardo Gómez Ricardo Gómez https://jurisprudentes.es/wp-content/uploads/2021/06/ricardo-avatar-96x96.png 12 febrero, 2018 12 febrero, 2018

Más proporcionalidad, más diputados… es lo que pretenden los nuevos partidos políticos mediante la modificación de la Ley Electoral, y con ello, el famoso sistema d´Hont de reparto de escaños por otro… ¿Más justo?

Víctor d´Hont. El artífice de nuestro actual sistema electoral, guste o no.

Víctor d’Hondt fue un reconocido jurista belga del siglo XIX, profesor de Derecho en la Universidad de Gante hasta que murió en el año 1.901. Antes, en 1.878, describió por primera vez el sistema d’Hondt de reparto de escaños, el método que se utiliza para calcular la representación parlamentaria en España y en muchos otros países.

La reforma de la Ley Electoral es el caballo de batalla de Ciudadanos y Unidos Podemos, las formaciones que más sufren el citado sistema d´Hont a la hora de convertir en escaños los votos obtenidos. Ambas formaciones tratan de convencer al bipartidismo (PP-PSOE) de la necesidad de un sistema más proporcional, en el que los votos valgan lo mismo, independientemente del territorio o circunscripción.

Borja Mollá
26 febrero, 2017
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Plusvalía Wars. Episodio IV: Una nueva esperanza.

El Imperio Administrativo ha sufrido una derrota de la que tardará en recuperarse. Los contribuyentes rebeldes han sabido localizar y explotar el punto débil de su nave madre: la cuestión de inconstitucionalidad.

Este episodio es el desenlace que todo espectador desearía ver postrado en su butaca, como colofón a esa saga cinematográfica con la que ha estado conviviendo los últimos años, coqueteando con salas de cine y Blue-ray edición coleccionista. Un desenlace que redondea la trama haciendo que todas las líneas del argumento confluyen en un metraje sólido y coherente.

El mérito es doble teniendo en cuenta que no soy yo quien escribe los guiones (ni podría hacerlo aunque quisiera). El desenlace de esta tetralogía tributaria viene de la mano de nuestro Tribunal Constitucional que ha estimado la cuestión prejudicial de validez planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Donostia, declarando inconstitucionales y, por tanto, nulos los artículos 4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa.