El 13 de mayo de hace cinco años, el Tribunal de Justicia de la UE reconoció en una Sentencia histórica que los ciudadanos tienen derecho a ser olvidados en la red.
Desde entonces, Google ha recibido en España, durante los últimos cinco años, casi 80.000 solicitudes de personas que han pedido que elimine direcciones (URL) que consideran «inadecuadas, irrelevantes o excesivas», y ejercer así su derecho al olvido y a borrar su huella digital. En Europa los datos ascienden a más de 800.000 solicitudes. Según los informes de transparencia que Google publica, el buscador ha suprimido en España el 37,9% de las direcciones.
Los solicitantes deben demostrar su identidad y aportar los enlaces que quieren que sean retirados, aunque es la compañía la encargada de valorar y decidir si estas direcciones son de interés general y si realmente deben estar en sus archivos. Si el buscador no accede a la solicitud, se puede acudir a las autoridades competentes para conseguir que se eliminen esos enlaces.