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Borja Mollá, Autor en Jurisprudentes
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Borja Mollá

Know how. Contratos de licencia y cesión.

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«Tengo una idea y quiero explotarla comercialmente». Esta necesidad es la que ha ido configurando toda una modalidad contractual, no solo para regular la transferencia de conocimiento, sino también para proteger a quien lo transmite.

Hay que proteger el conocimiento

Aunque en España no exista una regulación específica del contrato de cesión o licencia del know how, la propia mecánica del mercado ha ido definiendo las notas características de este contrato tan relevante en la era digital.

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La obra audiovisual y los derechos de propiedad intelectual

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En una película intervienen infinidad de profesionales, algunos de los cuales hacen un aporte creativo considerable al resultado final. Pero ¿todos ellos son autores? En este post descubriremos como se estructuran los derechos de propiedad intelectual en una película.

Hacer cine es cosa de muchos

En España la legislación configura a los guionistas como AUTORES de la obra audiovisual que resulte. Concretamente el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, configura las películas como una OBRA EN COLABORACIÓN en los que los autores son tres:

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Estado de alarma o alarma en el Estado

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El Decreto del estado de alarma y la consiguiente instauración del famoso “mando único” ha afectado al ejercicio de derechos como el de libre circulación y el de reunión. Pero ¿vulnera la Constitución Española? ¿el ejecutivo se ha saltado el ordenamiento jurídico?

Otra prorroga galáctica más…

Usurpación, autoritarismo, autogolpe…son algunos de las palabras que constan en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados y que se hacen más numerosas a medida que se suceden las prórrogas de un estado de alarma del que se ha dicho prácticamente de todo.

En el presente post analizamos desde un punto de vista sosegado y jurídico si el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 es o no contrario a la Constitución Española.

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Aplanar la curva…de multas

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Curva de contagios, pacientes recuperados, número de fallecidos…a la serie de datos diarios en los que se traduce la situación de emergencia sanitaria, hoy en nuestro blog añadimos uno más: las multas por saltarse el estado de alarma.

Algunos agentes van a «cuadernillo» por día

Según la última nota informativa emitida por el Ministerio del Interior (a 30 de abril de 2020) el número de propuestas de sanción por saltarse el confinamiento desde que se inició el estado de alarma ascienden a 740.117. Pues bien, en el presente post veremos cómo esas propuestas de sanción (comúnmente conocidas como “multas”) se pueden llegar a convertir en 740.117 recursos administrativos ya que muchas de ellas podrían ser NULAS.

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¿Es legal grabar una conversación?

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Nos descargamos aplicaciones para grabar llamadas, compartimos audios y pantallazos de WhatsApp que nos envían otras personas, e incluso revivimos la guerra fría grabando con el móvil, pero, ¿todo eso es legal?

Grabaciones y más grabaciones

En los últimos meses mucha gente en este país ha vivido en vilo temeroso de la fonoteca de un personaje que se ha ganado a pulso un hueco en la historia cañí.

Sin duda alguna el disco duro del smartphone del célebre comisario Villarejo alberga horas y horas de conversaciones grabadas que salen a la luz con cuentagotas a su conveniencia.

No es objeto de este post analizar los pormenores del denominado Caso Villarejo (con sus múltiples ramificaciones, ya sea en el Ministerio de Justicia o en el BBVA) sino más bien aclarar a todos aquellos Villarejos del mundo a que se arriesgan si graban una conversación privada.

Porque todos nos hemos sentido un poco comisarios alguna vez…

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Faltas de asistencia y despido objetivo

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¿Si falto al trabajo, aún con un parte de baja, me pueden despedir? En el presente post analizamos las verdades y los mitos que esconde esta pregunta de rabiosa actualidad en la palestra política.

Ahora va poder ausentarse todo lo que quiera, Jímenez.

Han pasado más de 7 años desde la reforma laboral que aprobaría el Partido Popular en el año 2012. Y a pesar de que desde entonces su derogación ha sido el principal ariete de combate de partidos como PSOE y Unidas Podemos, hay un artículo que ha saltado a primera linea de combate en los últimos meses al calor de la formación del nuevo gobierno de coalición formado por dichas agrupaciones políticas: el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores.

¿El motivo?

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Derechos morales en el common law

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En este post analizaremos el funcionamiento de los derechos morales en los dos principales países del common law (Reino Unido y EEUU) analizando las diferencias con el sistema europeo continental y su trascendencia económica.

«Fuimos los primeros»

En primer lugar resulta imprescindible tener presente que en los países de tradición jurídica anglosajona rige [i] el artículo 6.bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, introducido en la Conferencia de Roma (1928), que, tras leves modificaciones en su contenido en las revisiones de Bruselas (1948) y Estocolmo (1967), garantizan al autor el derecho de «reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación», con independencia de los derechos patrimoniales que le correspondan e incluso tras la cesión de éstos a terceros. Es decir, a través de un instrumento internacional se obliga a los estados de la commonwealth firmantes a reconocer a los autores en sus legislaciones nacionales los derechos de paternidad e integridad. Sin embargo, la conclusión dista mucho de ser tan sencilla, y merece sus matices. leer más

Analizando a los grandes. Airbnb a examen.

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En el post de hoy analizamos los requisitos que marca la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico tomando como ejemplo a la empresa Airbnb

Airbnb es una plataforma digital de intermediación que, en el marco de lo que se denomina economía colaborativa, pone en contacto a demandantes y ofertantes de inmuebles en régimen de arrendamiento.

De conformidad con la jurisprudencia comunitaria (entre otras STJUE de 12 de julio de 2011, L’Oréal v. eBay. Asunto C-324/09), un servicio en Internet que consiste en facilitar el contacto entre vendedores y compradores de productos tiene, en principio, la consideración de un servicio en el sentido de la Directiva 2000/31.

A este respecto, estaría comprendido en el ámbito del artículo 3 como prestador de servicios establecidos en otro Estado miembro de la Unión (Irlanda).

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Despidos y cámaras de vigilancia

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¿Las grabaciones con cámara oculta de los trabajadores son válidas para probar la comisión de un delito? ¿Queda impune si no hay manera de probar de otra manera la infracción? ¿Atenta contra la intimidad personal del trabajador la instalación de un sistema de videovigilancia? ¿Qué implicaciones tiene con la Ley de Protección de Datos en la Mano?

El jefe lo ve todo…

Hace unos meses conocíamos que la Audiencia Provincial de Pontevedra absolvió a una trabajadora del hogar a la que se acusaba de sustraer más de 9.000 euros ya que pese a que las grabaciones tomadas por la empleadora probaban de manera clara el robo, el Tribunal consideró ilícitas las pruebas obtenidas por la empleadora, quien había colocado de manera secreta un sistema de vigilancia sin informar a la trabajadora de su existencia.

Esta problemática se ha abordado profusamente (y a menudo de manera irregular y contradictoria) por parte del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, cuyas resoluciones van dando algún que otro bandazo en la medida en que, en un primer momento (lo que nosotros llamaremos “primera etapa”) construyen la mayoría de sus criterios examinando la incidencia de la videovigilancia en los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen (reconocidos en el art. 18.1 CE), mientras que más adelante (“segunda etapa”) al reconducir el debate invocando la vulneración del derecho a la protección de datos en los casos de videovigilancia (recogido en el art. 18.4 CE) el conflicto jurídico adquiere otra dimensión, precisamente por la exigencia de que se cumpla necesariamente el deber informativo a los trabajadores como único medio de conseguir una protección eficaz del derecho de autodeterminación informativa inherente al derecho a la protección de datos.

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Fundamento de la existencia de los Derechos de Autor

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En el presente post nos centramos en la vertiente filosófica de los derechos de autor para analizar con tres preguntas su justificación, implicaciones y perspectivas.

¿Hasta que punto es necesaria su protección?

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